El diputado conservador Fernando Linares Beltranena, subjefe de bloque del Partido de Avanzada Nacional, presentó este miércoles una inicia...
El diputado conservador Fernando Linares Beltranena, subjefe de bloque del Partido de Avanzada Nacional, presentó este miércoles una iniciativa de ley para derogar el acuerdo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
Bajo el pretexto de que el Gobierno del presidente, Jimmy Morales, dio por finalizado el acuerdo el 7 de enero pasado y que la entidad internacional no ha “cumplido” con su mandato, el congresista, aliado al oficialismo, presentó el proyecto.
En una conferencia de prensa realizada en el Palacio Legislativo, Linares Beltranena aseguró que la Cicig fue creada para combatir a los llamados cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad pero que, al contrario, “los tres comisionados que ha habido han tenido tanto poder porque no hay una fuente a dónde apelar”.
El congresista, que también busca una amnistía por los crímenes ocurridos en la guerra sucedida entre 1960 y 1996 (cuando hubo más de 200.000 muertos y 45.000 desaparecidos), lamentó que la Cicig no tenga “una segunda instancia para presentar impugnaciones”.
La iniciativa que presentó este día considera que el Estado de Guatemala debe “garantizar a los habitantes de la República la vida, la libertad, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona” y que es deber del Ejecutivo “dirigir la política exterior y las relaciones internacionales”, así como “celebrar, ratificar y denunciar tratados y convenios de conformidad con la Constitución”.
En estos 12 años, desde que el Congreso ratificó a la Cicig en 2007, Linares Beltranena asegura que el poder “ha corrompido a quienes han dirigido a la Cicig” y por tanto “el Congreso debe terminar con el decreto”.
El 31 de agosto pasado, Morales decidió que no renovaría el mandato de la Cicig y unos días más tarde prohibió el ingreso al país al jefe de la Comisión, el abogado colombiano Iván Velásquez.
Sin embargo, en enero anunció que daba por concluido, de manera anticipada y unilateral, el acuerdo con Naciones Unidas relativo al establecimiento de la Comisión Internacional en Guatemala.
A pesar de que la Corte de Constitucionalidad ha amparado a activistas, abogados y entidades como la Procuraduría de los Derechos Humanos para evitar que el Gobierno concrete la salida anticipada de la Cicig, el Gobierno no ha desistido en su esfuerzo para terminar con la entidad.
Cuando el presidente guatemalteco expuso que la Cicig debía abandonar el país, la señaló de haber “violado” las leyes nacionales e internacionales y de haberse extralimitado en sus funciones.
Sin embargo, según ha podido saber Efe por una fuente cercana a la Comisión, el personal de esta entidad, cuyo mandato finaliza el próximo septiembre, no ha dejado de trabajar en labores de acompañamiento a investigaciones y poco a poco el personal se ha ido reincorporando a sus funciones.
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