La frase con la que tanto jodíó y fregó la Cuarta Transformación para hacerse del poder ahora amenaza convertirse en otra crisis grave. Es...
La frase con la que tanto jodíó y fregó la Cuarta Transformación para hacerse del poder ahora amenaza convertirse en otra crisis grave. Ese "fué el estado" que hicieron pasar por antídoto contra la podredumbre del PRI y del PAN se ha vuelto en una de las peores pesadillas para un régimen que aún no termina de entender cómo le fue posible complicar tanto algo que parecía tan sencillo.
Entre finales de septiembre e inicios de octubre próximo, el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de Naciones Unidas determinará si eleva el caso de las desapariciones en México a la Asamblea General del organismo. Esta decisión para nada será un simple trámite burocrático internacional, sino que ser convertirá en una grave crisis para la política exterior mexicana y un demoledor cuestionamiento a la narrativa oficial sobre derechos humanos que el gobierno ha intentado sostener.
La desaparición forzada figura entre los delitos más aberrantes del catálogo de atrocidades humanas, y es precisamente po ello que la ONU mantiene un Comité especializado para su atención. Su definición es precisa y devastadora: es la privación ilegal de la libertad ejecutada por instituciones estatales o particulares que actúan en connivencia con agentes del Estado. El agravante definitivo ocurre cuando el gobierno niega su participación, convirtiendo a las víctimas en fantasmas sin rastro y a sus familias en peregrinos eternos de una justicia inexistente.
Frente al emplazamiento de la ONU, la reacción inicial de las autoridades mexicanas cuatroteras fue no sólo previsible, sino incluso contraproducente: negar categóricamente la existencia de desapariciones forzadas en territorio nacional. Y digo que fue contraproducente porque es una postura que ignora una realidad fundamental: México forma parte de un entramado jurídico internacional que le impone obligaciones ineludibles. La retórica negacionista, que funciona de lo lindo como escudo político en el ámbito doméstico, sirve para absolutamente nada cuando cruza fronteras. Da pena ajena reconocer que esto evidencia una falta de comprensión elemental sobre diplomacia internacional.
El concierto de voces oficiales reaccionando al señalamiento resulta más revelador que cualquier informe. La titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra —ironía cruel considerando que su propia familia fue víctima de desaparición forzada durante la Guerra Sucia—, "criticó al CED y aseguró que está totalmente descontextualizado de las razones que motivan la persistencia de las desapariciones en México". El presidente del Senado no dudó en calificar a los organismos internacionales como "herramientas del poder económico y del conservadurismo para estar hostilizando a gobiernos que verdaderamente sirven al pueblo". La presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, sumó su voz al coro de ignorantes afirmando que "la posición de la ONU tiene orientación política, pues no le gustan los gobiernos progresistas y cercanos a la gente". Y coronando este ejercicio de negacionismo institucional, la mismísima presidenta Claudia Sheinbaum informó que su gobierno envió una nota diplomática a la ONU para rechazar que haya desaparición forzada desde el Estado, echándole toda la culpa al crimen organizado.
El Senado de la República, en un palurdo arrebato que combina provincianismo con una sorprendente incapacidad diplomática, llegó incluso a aprobar "un punto para pedir que De Frouville sea destituido del cargo de presidente del CED en la ONU". Esta reacción, más propia de un berrinche adolescente que de una potencia regional con aspiraciones de liderazgo internacional, resulta no solo contraproducente, sino potencialmente catastrófica para la imagen exterior del país.
Afortunadamente hay cabezas un poco más maduras y mucho más frías en las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores y ya mantienen reuniones con el CED, señalando que al menos algunos sectores del gobierno comprenden la gravedad del asunto y la necesidad de establecer canales de diálogo constructivo.
Lo ocurrido con la CNDH ilustra perfectamente cómo las decisiones políticas de corto plazo generan vulnerabilidades estratégicas a largo plazo. Al igual que el gobierno de Trump aprovechó las omisiones y negligencias de la administración anterior en materia de combate al narcotráfico, el debilitamiento sistemático de la CNDH le está pasando una costosa factura internacional a México. Poner al frente de la Comisión a una papanatas domesticada que "no molesta ni con el pétalo de una rosa a las autoridades federales", provocó que dicha institución se volviera no sólo inútil para cumplir su misión constitucional, sino que la convirtió en cómplice silencioso de violaciones que debería denunciar.
Si, en lugar de neutralizarla, se hubiera fortalecido el circuito de comisiones de derechos humanos (federal y estatales), México contaría hoy con mejores herramientas institucionales para enfrentar los señalamientos internacionales. Porque aunque puede ser cierto que la inmensa mayoría de las desapariciones sean obra de grupos delincuenciales —lo cual técnicamente no permitiría catalogarlas como "forzadas" según la definición internacional—, cualquier observador medianamente informado de la realidad mexicana tiene las herramientas para dudar muy seriamente que en muchas de esas desapariciones no hayan participado policías municipales, estatales, integrantes de las fuerzas armadas u otros agentes estatales.
Los testimonios de familias buscadoras, las fosas clandestinas descubiertas en terrenos militares, los casos documentados de entrega de detenidos a grupos criminales por parte de autoridades locales, y los múltiples testimonios de colusión entre fuerzas de seguridad y delincuencia organizada hacen imposible sostener la narrativa de inocencia estatal absoluta.
El problema de fondo no es la negación gubernamental, sino la estrategia que subyace: pretender que los problemas desaparecen al negarlos. Mientras México mantiene esta postura, más de 120,000 personas continúan desaparecidas según cifras oficiales, y miles de familias siguen recorriendo el país con palas y varillas, buscando con sus propias manos en la tierra los restos de sus seres queridos.
La posibilidad de que el caso mexicano sea elevado a la Asamblea General de la ONU representa un punto de inflexión diplomático que podría tener consecuencias graves para la credibilidad internacional del país. No sería el primer revés internacional en materia de derechos humanos, pero sí uno particularmente doloroso considerando que México ha pretendido históricamente posicionarse como referente en esta materia.
La reacción gubernamental también refleja una preocupante desconexión con las realidades del derecho internacional y los mecanismos multilaterales. Atacar al mensajero —en este caso al presidente del CED— evidencia una estrategia diplomática improvisada que confunde los foros internacionales con extensiones de la política pueblerina.
El verdadero desafío para el gobierno mexicano no está en convencer a la ONU de que el problema no existe, sino en demostrar con acciones concretas que existe voluntad política para enfrentarlo. Esto implica reconocer la magnitud de la crisis, fortalecer las instituciones nacionales de derechos humanos recuperando su autonomía, y establecer mecanismos efectivos de búsqueda, identificación y justicia.
Las desapariciones en México representan una herida abierta que ninguna retórica oficial puede cerrar. La comunidad internacional, a través del CED, simplemente está señalando lo que miles de familias mexicanas gritan desde hace años: que el Estado mexicano debe responder por las personas desaparecidas, ya sea por acción directa o por omisión en su deber de protección.
La encrucijada diplomática actual plantea una pregunta fundamental: ¿seguirá México apostando por la negación como estrategia frente a la crisis humanitaria más grave de su historia reciente, o encontrará el valor institucional para reconocer sus falencias y trabajar constructivamente con los mecanismos internacionales?
La respuesta a esta pregunta definirá no solo la relación de México con el sistema de Naciones Unidas, sino también el futuro de miles de familias que esperan, contra toda esperanza, encontrar a sus desaparecidos y obtener justicia. Mientras tanto, el reloj diplomático avanza hacia septiembre y octubre, cuando el CED decidirá si el caso mexicano merece la atención de la máxima instancia de las Naciones Unidas.
Y esta vez, los que ya no quieren recordar lo que les ayudó a ganar el poder tendrán que enfrentar el costo de haber ladrado una y otra vez que "fué el estado", porque todo parece indicar que la ONU terminó por creerles.
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